UNESID ha sido testigo de la firma del histórico acuerdo de París, en el marco de la COP21, en el que 196 países de todo el mundo han hecho evidente su compromiso con el futuro medioambiental del planeta. Por primera vez se ha planteado un acuerdo profundo y firme para mitigar en gran medida el cambio climático, con el objetivo de lograr que no se supere el incremento de 2ºC respecto a la etapa preindustrial e incluso se apunta hacia los 1,5ºC, lo que implicará una neutralidad de gases de efecto invernadero, fundamentalmente emisiones de CO₂ para la segunda mitad del siglo XXI. Ahora es necesario que este acuerdo sea firmado al menos por 55 países que impliquen el 55% de las emisiones actuales.                                                                                  

El acuerdo de París incluye puntos en la dirección correcta, como son la financiación por parte de los países desarrollados de al menos 100.000 millones de dólares al año para la transición con baja intensidad en carbono de las economías menos desarrolladas o más expuestas, transparencia, homogeneidad y la comparación entre los datos de cada país firmante, algo que hasta el momento parecía imposible, y además una revisión quinquenal de la ambición de los principales países desarrollados.

Sin embargo, el acuerdo adolece de bases sólidas, sus cimientos no son del todo firmes ya que las grandes economías emergentes, como China (aproximadamente el 30% de las emisiones globales), India (el 7%) o Brasil (el 2%) han rechazado aceptar por ahora compromisos formales de reducción de sus emisiones, y mucho menos para sus industrias. Por lo tanto, sus industrias gozarán de una ventaja competitiva aún mayor a la actual.

Los grandes sectores industriales compiten globalmente por lo que estas salvedades en determinados países constituyen una ruptura de las reglas del juego del libre mercado y de competencia leal y en igualdad de condiciones.

El caso de China es especialmente llamativo. Incluso con elevados niveles de emisiones per cápita y en crecimiento, movilizó durante las negociaciones a una pléyade de países en vías de desarrollo para que finalmente no se le exigieran objetivos explícitos de reducción. Pese a los esfuerzos de muchos países y siendo el mayor emisor del mundo, su compromiso sigue siendo muy limitado.

Esto hace aún más necesario afinar las medidas de protección contra la deslocalización por CO2 a favor de la industria europea. La Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembro deberán cuidar que cualquier implantación que surja sobre cambio climático en la Unión Europea -como la revisión del esquema del comercio de emisiones- no erosione aún más la competitividad de nuestra industria. De lo contrario, Europa estaría importando más CO2 al comprar materiales producidos menos eficientemente y como consecuencia el continente exportaría puestos de trabajo. 

UNESID

La industria siderúrgica española es la base de la cadena de valor metal-mecánica: los automóviles, todo tipo de maquinaria, las infraestructuras… tienen en el acero un componente fundamental. En 2014, la industria española del acero produjo 14,2 millones de toneladas de acero bruto. El consumo aparente de productos siderúrgicos fue en el pasado año de 10,5 millones de toneladas.

El sector es netamente exportador –las exportaciones suponen el 69% de las entregas-, alcanzando el 3,1% de las exportaciones españolas de bienes. El superávit comercial del sector supone el 12,3% del superávit no energético nacional. Innovación, eficiencia, sostenibilidad y seguridad laboral son principios que rigen la estrategia del sector, que se reconoce como un factor fundamental de la nueva economía verde. Cada tonelada producida conlleva 7 euros en inversiones medioambientales. La industria siderúrgica española es la campeona del reciclaje, con 10,6 millones de toneladas recicladas en 2014.

La industria siderúrgica realiza un uso eficiente de los recursos hasta aprovechar casi el 80% de los residuos y subproductos que genera en el proceso. UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española, que aglutina 46 empresas, que emplean a unas 60.000 personas –además de las 20.000 que intervienen en la recolección de chatarra-. El sector factura en su conjunto más de 14.000 millones de euros. 

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