• El Observatorio Vasco de la Salud alerta sobre la necesidad de la regulación de  los protocolos de prevención ante la continuos sucesos de acoso laboral, ya que actualmente en España no hay ninguna que lo ampare.

• Las denuncias por acoso ante la Inspección de Trabajo en Euskadi han aumentado el 22 por 100 en lo que va del año 2013.

• En muchas ocasiones los propios compañeros de la victima mantienen una conspiración silenciosa que agrava la situación.

La pronta detección y la prevención son la mejor manera de evitar graves problemas de salud y llegar a los tribunales por acoso laboral. Ese es el objetivo del curso de verano que ha comenzado esta mañana en el Palacio Miramar. Bajo el título, “Los protocolos y procedimientos de gestión de conflictos de acoso laboral y otras situaciones afines”, el Observatorio Vasco de Acoso Moral trata de dar las pautas correctas a empresas, entidades y administraciones para tratar de solucionar los conflictos laborales antes de que sea tarde.

Tal y como explica Rocío Barreira, psicóloga del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, se conoce como acoso laboral “toda conducta que implique la realización de acciones de violencia psicológica hacia un trabajador por otro trabajador y en el seno de la empresa, con un objetivo claro e identificado de intimidación, perturbación, aniquilación o menoscabo en su dignidad”. Barreira señala que en la mayoría de las ocasiones, “algunas personas del entorno mantienen una conspiración silenciosa que se mantiene responsabilizando al acosado de su situación. Este tipo de comportamiento pone de manifiesto la triste gran tolerancia humana al abuso que se da en algunas ocasiones”, se lamenta.

Por ello, desde el Observatorio han pensado en la necesidad de la organización de estas jornadas, ya que mediante la intervención preventiva “como puede ser la puesta en marcha de los protocolos sobre quejas o denuncias por acoso en el seno de las empresas esta problemática se reduciría notablemente”, afirma Manuel Velázquez, inspector de trabajo y seguridad social.

Uno de los grandes problemas en el acoso laboral, es que el propio afectado tarda en ser consciente de que lo está sufriendo, ya que el comportamiento del acosador “agota, aturde y destruye la identidad de la víctima”, explica Barreira, “el estrés, la ansiedad, la angustia y la depresión son, con sus diversos síntomas, las patologías más frecuentes, y es entonces cuando la victima empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo”.

Sin embargo, cuesta mucho dar el paso hacia la denuncia, ya que “si denuncias estás muerto laboralmente”, advierte Juan Ignacio Marcos, miembro del Observatorio. No obstante, a pesar de que el número de denuncias se ha reducido considerablemente, las denuncias por acoso laboral son las únicas que han incrementado, con el correspondiente gasto económico que ello conlleva. Y es que la crisis económica actúa como un factor que favorece las tensiones en el ambiente laboral y que hace aflorar con más frecuencia este tipo de conductas.

De ahí que se multipliquen los casos de acoso y los costes de la no prevención del acoso se estén multiplicando, porque cada vez son más las sentencias que ponen indemnizaciones elevadas. Otra causa del aumento de las denuncias, es que ahora empieza a haber algo más de convicción sobre el eventual éxito de una demanda. “Antes, las cantidades que daban los jueces eran casi ridículas, ahora son mayores, pues superan los 40.000 euros”, afirmaCristobal Molina, profesor de la Universidad de Jaén.

Manuel Velazquez señala que lo que quieren lograr con este curso es, “poner de manifiesto que la resolución de estos problemas en una fase temprana, a través de los llamados protocolos o procedimientos de conciliación y mediación por conflictos de acoso pueden ser una herramienta eficaz de prevención para la salud de los trabajadores afectados y para evitar que la empresa y los trabajadores se vean envueltos en una escalada del conflicto mediante procesos administrativos y judiciales, así como la generación de los perjuicios económicos y de salud para todos los afectados y las administraciones públicas”.

Eso mismo señala Cristobal Molina, “hay que seguir una estrategia preventiva y de planificación integrada. Primero, hay que evaluar los factores de riesgo psicosocial que pueden influir en que surja o se intensifique un tipo de violencia. Segundo, hay que tener un protocolo de gestión preventiva de los incidentes o situaciones de acoso que se puedan producir, pese a tener la evaluación de riesgos psicosociales en orden”.

 A pesar de la importancia de disponer de estos protocolos, según una encuesta realizada por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bilbao solamente el 18% de las empresas españolas disponen de este protocolo o de una gestión de riesgos psicosociales. Y es que las empresas optan por no elaborar el protocolo bien ya sea por desconocimiento o para ahorrar en costes, sin ser conscientes de que una sola denuncia puede salir más cara que la creación del protocolo, si se tiene en cuenta el costo que entraña un conflicto ante la administración y los órganos jurisdiccionales, los gastos en abogados, la sanción administrativa y las indemnizaciones, que hay en casos en los que han llegado a superar los 600.000 euros. Por otro lado, tal y como recuerda Velazquez, la empresa no es la única perjudicada, ya que también están los costos derivados de los daños para la salud de las personas afectadas, que normalmente se traducen en situaciones de baja, “esta situación supone el consiguiente gasto en prestaciones para la Seguridad Social, que aunque es difícil de cuantificar, se sabe que asciende a millones de euros al año”.

El protocolo puede elaborarlo la empresa en virtud de sus potestades de organización y dirección y de adopción de medidas preventivas para la salud de los trabajadores. Sin embargo, desde el Observatorio consideran que es necesario y hasta imprescindible para su eficacia que “lo haga con la participación y el acuerdo final de los trabajadores y sus representantes”.

“Un protocolo acordado entre empresa y trabajadores adquiere siempre más legitimidad y esto es una garantía de que el mismo va a ser utilizado con mayor confianza y seguridad por parte de los trabajadores que se encuentren en situaciones de acoso, por lo que su utilización y eficacia será más real”, explicaVelazquez.

UNA LEGISLACIÓN ESCASA

En España no la legislación en esta materia es débil, ya que sólo establece los casos sexuales. Al no existir propiamente una obligación legal de adoptarlos, aunque las empresas están obligadas a adoptar cuantas medidas de prevención sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, “hay quienes argumentan que la falta de esta legislación es un elemento clave para explicar esta disfunción, señala Manuel Velazquez”. No obstante, en otros países en los que tampoco existe esta legislación “sí hay una promoción muy activa por parte de los poderes públicos mediante guías técnicas y directrices y un grado de conciencia social elevado que se ha traducido en acuerdos y convenios entre empresas y trabajadores para incorporar sistemas activos de mediación. Esto ocurre porque “hay conciencia general de que la adopción de estas medidas significa un beneficio claro para la salud y la economía de todos los implicados”, apunta. Por este motivo desde el Observatorio alegan que se debe promocionar y perfeccionar los protocolos preventivos por todos los agentes públicos y sociales.

Otra cuestión, tal y como señalan, “es que el funcionamiento real de estos protocolos aún esté lejos de ser óptimo, y que su práctica suela presentar de hecho lagunas y deficiencias”. Por ello “queremos aprovechar la ocasión que nos brinda la organización de este curso de verano para realizar un debate entre expertos y agentes sociales para hacer un balance de estas experiencias y para fijar cuáles podrían ser las mejoras que podrían introducirse en la elaboración y gestión de los protocolos tanto a nivel de cada empresa como a nivel de las instituciones públicas”, finalizan.

Ayer comenzó la segunda y última cita de estas jornadas, a las 09.00h en el Palacio Miramar y que tuvo como participantes a Xabier San Sebastian, Universidad del País Vasco, Amaia Arriola, IPSO Consulting, Antonio Grinda, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mª Eugenia Ramos, SP Mutualia, Jorge López De Ávila, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid, IñakiI Olaizola, OSALAN, Manuel Velázquez, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Dieter Zapf, Escuela de Negocios de Mánchester y Universidad Goethe de Fráncfort, Rachel Cox,Jordi Escartin, Universidad de Barcelona, Loic Lerouge, Universidad Montesquieu de Burdeos y Rafael Martínez Mesas, Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.