El Consejo Europeo no sorprendió el día 15. Siguiendo la propuesta de la Comisión Europea, acordó que había “avances suficientes” en la negociación del Brexit como para pasar a la siguiente fase, la que determinará qué relación unirá a ambas partes a partir del 29 de marzo de 2019.

Era lo que Reino Unido llevaba esperando meses; empezar a hablar del futuro, de qué tipo de relación comercial unirá ambos territorios. Aunque habrá un periodo transitorio, probablemente de dos años, Europa y las islas británicas comenzarán ya a negociar sobre qué tipo de acuerdo pueda existir a partir de entonces.

Las posibilidades son tan variadas como países en el planeta. La Unión Europea, de hecho, cuenta con acuerdos bilaterales con buena parte de los estados. Unos más abiertos, otros más restrictivos, pero siempre que hay una relación comercial hay un acuerdo detrás. Reino Unido querría mantener las ventajas económicas que supone estar dentro del mercado único, pero no desea asumir otros costes como la libertad de circulación de personas. Y ahí estará la clave de la negociación. “Reino Unido ha manifestado su intención de no querer permanecer en el Mercado Único ni en la unión aduanera, así que ahora el Consejo Europeo deberá calibrar su enfoque en materia de cooperación comercial y económica con ellos para asegurar un equilibrio de derechos y obligaciones, preservar el campo de juego y evitar enfados con terceros países y respetar todos los principios acordados el 29 de abril de 2017, en particular, preservar la integridad y el adecuado funcionamiento del Mercado Único”, rezaba el documento de conclusiones rubricado por el Consejo Europeo el viernes. Existen varios ejemplos de acuerdos bilaterales que podrían servir de referencia. A continuación, se describen algunos de ellos.

Noruega: no es Estado miembro, pero casi
La relación de Noruega con la Unión Europea se articula gracias al Espacio Económico Europeo. Creado en 1994, aglutina, además de a los Estados miembros, a Noruega, Islandia y Liechtenstein (integrantes todos ellos de la Asociación Europea de Libre Comercio junto con Suiza). Es una fórmula intermedia en la que estos tres países pueden participar del mercado interior de la UE, pero sin necesidad de convertirse en estados miembros. Pertenecer al Espacio Económico Europeo les permite la libre circulación de bienes y servicios, salvo productos agrícolas y pesca, para lo que cuentan con convenios particulares. Pero, para ello, debe existir una “armonización” de la normativa de estos tres países con la de la UE en materia de competencia, seguridad, normativa sanitaria o defensa del consumidor, entre otros aspectos.

Como contrapartida, Noruega (y también Islandia y Liechtenstein) debe aportar cierta cantidad económica a la Unión Europea, dinero que se destina a paliar las diferencias económicas dentro de la Unión, es decir, a los países con menor renta per cápita.

Pero, al margen del acuerdo puramente económico, con los años, Noruega se ha ido adhiriendo a distintos proyectos europeos. Así, rubricó el acuerdo Schengen de liberta de movimiento de personas. También participa en Europol, la policía europea, y en la Agencia Europea de Defensa. Y, desde 2014, participa también en el octavo programa marco de innovación H2020. Eso sí, en estos casos, debe financiar su participación con un importe que se calcula en función del peso de su PIB en el conjunto de estados europeos.

Suiza: por libre
La neutralidad política de Suiza se traslada también al ámbito económico. Pese a ser miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, prefirió no adherirse al Espacio Económico Europeo. En cambio, comenzó a tratar ‘de tú a tú’ con la Unión Europea y a negociar, a partir de 1999, la relación comercial con la UE. A día de hoy, ambos cuentan con más 120 acuerdos bilaterales para áreas tan variopintas como el transporte aéreo y ferroviario, la libre circulación de personas, la cooperación antifraude, el comercio de productos agrícolas o su participación en la Agencia Europea de Medio Ambiente. En la práctica, gran parte de la normativa europea es de aplicación en Suiza. A cambio, al igual que Noruega, aporta una cantidad económica al presupuesto de la Unión Europea.

Ucrania: entre Rusia y la UE
La situación de Ucrania es justo la inversa a la de Reino Unido. Anclado entre la Unión Europea y Rusia, este país busca desde hace años un acercamiento a la UE. A la espera de que en algún momento pueda llegar a ser un Estado miembro de pleno derecho, de momento, ambas partes se han esforzado en la última década por fortalecer vínculos económicos y políticos. Esos esfuerzos se tradujeron el pasado 1 de julio en un Acuerdo de Asociación, que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), que comenzó a aplicarse de forma provisional el 1 de enero de 2016. También hay un acuerdo para eliminar la necesidad de visados, pero todavía está lejos de la relación que mantienen la UE y Noruega, por ejemplo. A cambio, la UE ha pedido a Ucrania reformas económicas, judiciales y financieras, encaminadas a reforzar la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en lo que serían unos primeros pasos hacia “una convergencia” entre ambas partes. El acuerdo, además, va de la mano de un apoyo “político y financiero” por parte de la UE a este país del Este.

Canadá: el acuerdo global

Es uno de los mayores esfuerzos que ha realizado la Unión Europea en lo que a negociaciones bilaterales se refiere. Una tarea larga y laboriosa de siete años, no exenta de polémica, que ha dado pie al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA en sus siglas en inglés) con Canadá. Acaba de entrar en vigor, de forma provisional, el pasado 21 de septiembre, aunque todavía debe ser ratificado por los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Desde la UE lo califican como “un nuevo modelo mundial” en lo que a acuerdos se refiere, ya que va más allá de lo puramente comercial. Supone, en resumen, la eliminación de los derechos de aduanas, con lo que desaparecen los aranceles. Pero también la libertad de servicios e inversiones entre ambos países y la posibilidad de acceder a la contratación pública. Y es ahí donde reside gran parte de las reticencias sobre la garantía de los derechos laborales y la legislación vigente en caso de conflicto. En un intento por acallar las voces en contra, el CETA incluyó en el papel un nuevo tribunal público europeo, como garante del derecho en caso de disputas entre inversores y autoridades; y la posibilidad de la UE de vetar algunas actividades, como la sanidad o la educación, que no podrían participar en concursos privados de empresas.

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